Seguros
agrícolas en Canadá
La
agricultura canadiense en la economía nacional
La
economía canadiense produjo un PBI de 607.700 millones de dólares
en 1997, de los cuales aproximadamente un 3% corresponde al sector
primario. El mismo tiene una población económicamente activa del
2,5% con respecto a la total, y produce el 12% de los intercambios
totales de mercancías con el exterior.
Canadá
es el segundo país más grande del mundo, su superficie total es
de 997 millones de ha., de las cuales sólo el 5% es cultivable,
mientras que el 7,6% corresponden a extensiones de agua dulce
(lagos y cursos de agua). Esta abundancia de recursos hidrográficos
ha contribuído de manera significativa al desarrollo del país,
los lagos son los reguladores naturales de los cursos de agua,
impidiendo el exceso de caudal en época de inundaciones y
manteniendo los niveles en los períodos más secos.
Debido
a la extensión y diversidad del relieve del país, se producen
considerables variaciones climáticas regionales.
Producción
primaria
La
agricultura canadiense participa con el 2,2% del PBI.
Canadá
posee abundantes recursos naturales, su crecimiento económico se
ha basado en gran parte en la explotación de productos agrícolas
(principalmente cereales) y en la explotación y exportación de
recursos forestales y mineros.
Es
característico el alto grado de mecanización y un gran tamaño
en las explotaciones agrarias. El número de explotaciones asciende
a 300.000 y su tamaño medio es de aproximadamente de 225 hectáreas.
Los
granos y las semillas oleaginosas canadienses gozan de una
excelente reputación en los mercados internacionales, donde se
los reconoce por su alta calidad.
Los
cereales representan el 77% de la producción agrícola total del
país, el resultado se debe principalmente a la producción de
trigo, responsable del 40%, mientras que la cebada y el maíz
participan respectivamente con el 21% y 14%. A nivel mundial,
Canadá es considerado el 5° productor de trigo, con el 4% de la
producción total.
La
semilla de colza representa el 7% de la producción total del
sector oleaginoso canadiense y representa el 16% de la producción
mundial. Un cultivo en importante crecimiento es la canola, cuya
superficie cultivada se duplicó entre 1980 y 1996.
En
los últimos veinte años, la superficie cultivada de soja se ha
cuadruplicado y su producción es seis veces más grande. El 88%
de la producción canadiense de soja proviene de Ontario.
La
producción total de aceite vegetal de Canadá alcanzó 1,5
millones de toneladas, dentro de los cuales el aceite de canola
representó el 83% y el de soja un 15%. Los aceites de lino,
mostaza, girasol y maíz completan el resto.
El
país produce el 41% de la semilla de lino a nivel mundial. Los
principales mercados de exportación para este cultivo son la Unión
Europea, los Estados Unidos y Japón.
El
oeste de Canadá siempre se ha caracterizado por la producción de
cultivos especiales. El aumento de la producción de cultivos no
tradicionales se debe al incremento en la producción de lentejas
y arvejas secas, con el 16 y 17% de la producción mundial
respectivamente.
En
relación a la producción ganadera, se destaca el ganado bovino y
el porcino, más específicamente la crianza de vacas lecheras y
cerdos de estabulación, también tiene importancia la producción
de carne de ambos ganados.
Comercio
exterior
El
sector agropecuario de Canadá es exportador neto, con una balanza
comercial de 4.675 millones de u$s.
En
1997 la proporción de exportaciones agropecuarias con respecto a
las totales es del 7%, mientras que las importaciones representan
el 5% de las totales.
En
cuanto a la composición de las exportaciones, los cereales
representan el 33% de las exportaciones agropecuarias, siendo el 2°
exportador a nivel mundial de trigo, luego de EE UU, mientras que
las oleaginosas constituyen el 9% de las exportaciones del sector.
Estados
Unidos, Japón, el Reino Unido y Alemania son sus principales
clientes y suministradores, destacándose la importancia del
primer país, peso que deberá seguir aumentando junto con la
integración comercial.
Reseña
histórica
En
1939 se establece por medio de un acta (Prairie Farm Assistance
Act) el auxilio a los productores del oeste canadiense debido a
los desastres que se presentaron
Los
pagos se basaron en un promedio del rendimiento de trigo en el
municipio y los fondos eran financiados mediante un aporte
obligatorio del 1% calculado sobre todos los granos vendidos por
los productores.
El
esquema entró en crisis debido varias causas, entre otras, la
insuficiencia de los pagos, la limitación de su aplicación en el
Oeste, y a la inequidad del sistema donde áreas con altos
rendimientos y pocas pérdidas pagaban lo mismo y recibían menos
beneficios que en áreas de más bajos y variables rendimientos.
A
partir de esta experiencia los productores demandaron una política
relacionada con la experiencia de pérdidas.
Se
realizaron entonces, estudios sobre el seguro de cosechas en 1936,
1944 y 1956, los mismos se referían a los antecedentes de caídas
de rendimientos, variabilidad de los rendimientos y escaso éxito
del programa de seguro de cosecha en USA.
En
1956 la Comisión Real de la Provincia de Saskatchewan sobre
Agricultura y Vida Rural recomendó un programa piloto de seguro
de cosecha.
En
1959 el Parlamento Federal aprobó un acta de seguro de cosecha
para asistir a las provincias y poner este tipo de seguro a
disposición de los productores, en la cual se limitaba la
cobertura del seguro al 60% del rendimiento promedio del área.
La
primera provincia que inició un programa de seguro de cosecha fue
Manitoba en 1960. Para 1975 las 10 provincias de Canadá tuvieron
establecido su programa.
Según
la Constitución Canadiense el seguro es una responsabilidad
provincial, pero el gobierno federal está comprometido debido a
que los gobiernos provinciales no están preparados para hacer el
seguro de cosecha accesible y por carecer de recursos financieros
para compensar las perdidas severas.
Hubo
considerable discusión sobre si el programa debería ser
obligatorio. El gobierno creyó que ello era conveniente pero no
dictó esa medida.
En
1964 se reformó el acta del seguro de cosechas. Las provincias se
resistían a expandir los programas porque tenían una gran
responsabilidad financiera. La reforma incluyó el reaseguro, una
cobertura que se incrementó hasta el 80% del promedio de producción
de largo plazo y hubo una flexibilización al permitirse el uso de
rendimientos individuales. El subsidio federal se incremento del
20 al 25% del total de las primas.
Las
reformas de 1970 y 1973 incorporaron la responsabilidad por pérdidas
resultantes de la imposibilidad de sembrar los cultivos. Asimismo
se establecieron dos posibilidades para compartir los costos entre
los gobiernos provincial y federal: 1) cada uno de ellos
contribuye con el 25% del total de las primas y el 50% de los
costos de administración provincial ó 2) el gobierno federal
paga el 50% del total de costo de la prima si la provincia acuerda
pagar todos los costos administrativos.
La
reforma de 1990 liberaliza a un acuerdo particular entre cada
gobierno provincial y el federal para determinar cómo se
compartirán los costos de primas y administrativos. Por otro
lado, se flexibiliza la determinación de los rendimientos y los
precios unitarios y se incrementa la máxima cobertura a 90%. Se
garantiza un fácil acceso de las cosechas y se provee compensación
a los productores por los destrozos producidos por aves acuáticas
migratorias.
Además
se establecen regulaciones federales que otorgan más estabilidad
a los acuerdos y más equidad entre cultivos y provincias. Las
regulaciones también requieren que los precios de las primas sean
certificados por un actuario independiente.
En
1991 el acta de seguro de cosecha pasa a formar parte del acta de
protección del ingreso de las explotaciones rurales. (Farm Income
Protection Act).
Sistema
Actual
Actualmente
existen en Canadá tres programas o herramientas básicas de
administración de riesgos para el sector agropecuario, todas
ellas desarrolladas y administradas por el gobierno, federal o
provincial, caracterizadas por un elevado componente de subsidios:
el seguro agrícola, el Programa de Estabilización del Ingreso
Neto (NISA) y los nuevos programas de asistencia para desastres (AIDA).
En
los últimos años el gobierno de Canadá ha establecido ciertos
parámetros esenciales referidos a las políticas y/o programas de
administración de riesgos para el sector agropecuario:
- Se intenta
eliminar los programas de asistencia ad hoc, reemplazándolos
por programas de mayor continuidad.
- Todos los
programas son voluntarios y están diseñados en base a la
información y producción real del productor individual.
- Se están
eliminando los programas relacionados con productos específicos,
a favor de otros que computan los ingresos totales de la
explotación.
El seguro de
cosecha estabiliza el ingreso de los productores minimizando los
efectos económicos de las pérdidas de cosecha causadas por fenómenos
climáticos adversos.
En 1998, la
superficie total asegurada era de 19.000.000 de hectáreas,
equivalente al 53.6% de la superficie agrícola total y al 50% de
los productores. La suma total asegurada asciende a $5.300
millones.
El programa NISA es
un programa voluntario diseñado para la estabilización de largo
plazo de los ingresos de cada productor individual, otorgándoles
la posibilidad de depositar anualmente dinero en su cuenta NISA e
incrementarlos a través de una contribución igual del gobierno,
como así también de una tasa de interés diferencial. De esta
forma, en años de bajos ingresos, los productores pueden efectuar
retiros de los fondos que han ahorrado e incrementado.
Características operativas del programa
Seguro
agrícola
El
seguro de cosecha protege contra pérdidas debidas a
acontecimientos naturales tales como sequía, inundación,
granizo, helada, excesiva humedad e insectos. La cobertura se
extiende a todos los cultivos de importancia comercial, los cuales
varían por provincia.
Los
costos del seguro son compartidos de manera tripartita: Gobierno
federal, provincial y agricultor. La administración es
provincial, mientras que el costo de la prima es compartido por el
productor con el gobierno federal y provincial.
Se
garantiza entre 70 y 80% del rendimiento promedio histórico del
productor. La indemnización tiene lugar si el rendimiento
obtenido es menor que el garantizado, en cuyo caso se paga la
producción perdida, valuada al precio de mercado.
El
acceso es voluntario e individual, estando disponible para los
principales cultivos comerciales.
Rol
del Gobierno Federal:
-
Establece
normas de carácter nacional: Certifica los rendimientos
probables y actuariales, examina los valores asegurados,
verifica si los fondos provinciales son autosuficientes.
-
Facilita
el desarrollo y/o modificación de los planes de seguros
provinciales.
-
Toma
el liderazgo en la preparación de acuerdos bilaterales entre
los gobiernos provinciales y el federal.
-
Comparte
los costos.
-
Participa
del reaseguro.
Rol
de los Gobiernos Provinciales:
-
Desarrolla
programas y administra: ventas, control de perdidas, cobro de
primas y pago de indemnizaciones.
-
Asegura
que el programa sea autosustentable.
-
Determina
los niveles de primas y los rendimientos promedios
individuales, para cada cultivo y zona.
-
Trata
las apelaciones de los agricultores.
-
Comparte
los costos.
-
Participa
del reaseguro.
El
gobierno federal realiza acuerdos de reaseguro con los gobiernos
provinciales, como un medio para compartir aquellas pérdidas
severas que provocan indemnizaciones superiores a las reservas de
primas acumuladas en los programas de seguro de cosecha. Los pagos
del fondo de reaseguro tienen lugar cuando las indemnizaciones
exceden las reservas provinciales de primas con una deducción
igual a 2,5% del total de coberturas.
Cada
año, una parte del total de primas (0%-17%) son contribuidas al
fondo de reaseguro y es compartida en una relación 75% - 25%
entre el gobierno federal y el provincial.
En
este momento cinco provincias tienen acuerdos de reaseguro con el
gobierno federal: Alberta, Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick y
Nova Scotia
La
participación del gobierno federal en el seguro de cosecha, para
la campaña 1997/1998 y para todo el país fue de U$S 114.712.113
equivalente al 30% del total de primas y de U$S 26.647.581 que
equivale aproximadamente al 50% del total de gastos
administrativos.
Programa
de Estabilización de los Ingresos Netos (NISA)
El
NISA es un programa voluntario diseñado para ayudar a los
productores a estabilizar su renta agropecuaria, en el cual
participan los productores, el gobierno Federal y los gobiernos
Provinciales.
La
administración de este programa se inició en 1991 y
posteriormente fue modificándose, para redefinir metas estratégicas.
En 1995/96 el NISA alcanzó los 126.000 participantes, sobre un
total de 250.000 productores agropecuarios.
Las
actividades productivas que participan de este programa varían en
las distintas provincias, si bien la mayoría de los commodities
(granos, oleaginosas y cultivos especiales) se encuentran
incluidos. Entre los productos excluidos de este programa se
encuentran la producción de leche, huevos y pollos.
Los
agentes que pueden participar en el NISA son:
-
Los
productores agropecuarios que tributen el impuesto a la renta
por su producción
-
Las
corporaciones, cooperativas u organizaciones comunales que
tributen el impuesto a la renta por su producción
-
Los
indígenas que mantienen sus explotaciones en reservas y que
no tributen impuestos.
Los
productores que adhieren al sistema, depositan el 3% de sus ventas
netas anuales en su cuenta NISA, en alguna de las entidades
financieras autorizadas, por la cual reciben una contribución de
la misma magnitud de los gobiernos federales y provinciales. Las
ventas netas anuales están limitadas a $250.000 por productor
individual.
Los
depósitos del productor ganan una tasa de interés de 3% por
encima de la tasa de mercado, solventada por el gobierno federal
(2%) y por los gobiernos provinciales (1%).
Algunas
provincias han decidido aumentar el porcentaje de las ventas netas
que el productor puede depositar en la cuenta NISA, por lo cual el
productor tiene la opción de depositar hasta el 20% de sus ventas
netas. Estos depósitos no son correspondidos por el gobierno, sin
embargo, ganan la tasa de interés del 3% por encima de la tasa
normal del mercado.
Todos
los participantes del Programa NISA pagan una porción de los
costos administrativos inherentes al mismo, la cual es igual a $55
anuales por productor. Las empresas, cooperativas y organizaciones
comunales pagan un adicional de $10 por cada participante o
miembro de la misma.
No
se permite ningún otro depósito a partir de que la cuenta
individual alcance un techo de 1,5 veces las ventas netas promedio
de los últimos 5 años.
El
productor puede retirar la suma acumulada en su cuenta cuando:
-
El
margen bruto de la explotación cae por debajo del margen
bruto promedio de los últimos 5 años de la misma explotación,
ó
-
Si
la renta neta total del productor cae por debajo de $10.000.
Al
ser un programa voluntario cualquier depositante se puede retirar
de él y en esa circunstancia recuperar el dinero de una vez o en
cuotas durante cinco años.
Excepcionalmente,
la cuenta puede cerrarse en forma obligatoria, en caso de que el
productor no declare su ingreso anual o entregue información
equivocada.
Este
sistema sirve como control fiscal para el gobierno, ya que los
productores deben presentar copias de su rendición fiscal una vez
al año. Por otra parte, la adhesión al sistema sirve como aval
ante las entidades bancarias privadas.
Programa
de ayuda contra el desastre
A
partir del año fiscal 1998 está en vigencia el programa
Agricultural Income Disaster Asistence (AIDA). El gobierno federal
administra este programa en las provincias de Manitoba,
Saskatchewan, Newfondland y Nova Scotia, mientras que en todas las
otras provincias es el gobierno provincial quien administra.
Este
programa fue diseñado para amortiguar reducciones extremas del
ingreso de los productores, por causas ajenas a su control. Los
fondos para este programa son aportados en un 60% por el gobierno
federal y un 40% por los gobiernos provinciales. Estos fondos,
disponibles para los años fiscales 1998 y 1999, ascienden a 900
millones de dólares canadienses aportados por el gobierno federal
y 1,5 billones de dólares canadienses aportados por la totalidad
de los gobiernos provinciales.
Este
programa está disponible para todo aquel que tribute impuestos a
la renta como productor, y cuyo margen bruto de la explotación
haya caído por debajo del 70% del margen bruto promedio de los
tres años precedentes. Si el margen bruto del año que hace el
reclamo es negativo, sólo se cubrirá la porción positiva del
mismo.
El
pago máximo de este programa es de U$S 175.000 por productor
individual o dicha suma por el número de accionistas (cinco como
máximo) de una corporación o cooperativa.
Para
participar en este programa no se requiere la participación en el
programa NISA. Sin embargo, de los pagos que el productor reciba
por el AIDA, se deduce una suma equivalente a la contribución
gubernamental a la cuenta NISA (3% de las ventas netas del
Productor), ya sea que el productor participe o no en el programa
NISA.
Por
otra parte, en Canadá existe una organización del gobierno
federal que depende del Ministerio de Defensa, Emergency
Preparedness Canada (EPC) que maneja las emergencias nacionales.
A
través de este organismo se atienden distintas clases de
emergencias: Public Welfare Emergencies (severos desastres
naturales o grandes accidentes que afectan el bienestar público),
Public Order Emergencies (amenazas a la seguridad de Canadá,
International Emergencies (derivada de actos que atentan contra la
soberanía, seguridad o integridad territorial de Canadá) y War
Emergencies (conflictos armados reales o inminentes que afecten a
Canadá o a sus Aliados).
La
Public Welfare Emergency es la más relacionada con el sector
agropecuario ya que es la que atiende las pérdidas causadas por
incendio, inundación, sequía, terremoto u otro fenómeno
natural, enfermedad en la especie humana, animal o vegetal,
accidente o contaminación que resulta o puede resultar peligroso
para la vida o la propiedad, desorganización social, corte en el
flujo de productos esenciales, servicios o recursos, tan serios
que se considera una emergencia nacional.
Mientras
que la declaración de emergencia tiene efecto el gobierno puede
dictar regulaciones sobre los siguientes temas:
-
Regular
la distribución y disponibilidad de productos esenciales,
servicios y recursos.
-
Autorizar
y realizar pagos de emergencia.
-
Cuantificar
los daños de los establecimientos y empresas y repararlos,
reemplazarlos o restaurarlos.
-
Cuantificar
los daños del medio ambiente y eliminarlos o aliviarlos.
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